Sin pistas firmes ni imputados

Por Emilio Ruchansky

A un año del asesinato del prefecto Octavio Romero aún no hay detenidos ni una pista firme sobre lo ocurrido. La investigación, a cargo de la fiscal Estela Andrades de Segura, apunta en dos direcciones: un crimen de odio dentro de la fuerza, por la elección sexual de Romero, o un conflicto con quien fuera su prometido, Gabriel Gersbach. “Se están revisando mails, entre otras medidas de prueba”, aseguraron ayer fuentes judiciales. Ayer, el abogado de Gersbach, Ezequiel Gutiérrez, apeló por segunda ante la Cámara del Crimen la negativa del juez Juan Ramos Padilla a permitir que el viudo de Romero sea querellante en la causa. “Estamos en un agujero negro, somos ‘sujetos pasivos’ de la investigación. Gersbach no está imputado y tampoco puede ser querellante, y no nos dan vista del expediente”, señaló el abogado e integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Romero era un destacado prefecto y trabajaba en el área Control de Gestión referida a los buques extranjeros en el edificio Guardacosta, en el barrio porteño de Puerto Madero. Había recibido amenazas en su trabajo, luego de que consiguiera autorización para casarse con Gersbach. Desapareció el 11 de junio del año pasado, momentos antes de partir hacia una fiesta, cuando estaba en el departamento que compartía con su pareja en el microcentro porteño. Seis días después su cuerpo desnudo fue devuelto por el río, en una playa del partido de Vicente López.

Según la autopsia, Romero fue golpeado en el rostro y la nuca, pero no presentaba lesiones defensivas. Los peritos estimaron que fue arrojado vivo y desmayado al agua, donde murió ahogado. Desde entonces, amigos y familiares insisten en el pedido de justicia, hubo un allanamiento al edificio Guardacosta, dos en el departamento de Gersbach y en el de una ex pareja suya y se recabaron muchos testimonios. Sin embargo, de la investigación de la fiscal Andrades de Segura no surgió imputación alguna. No apareció el celular de la víctima y tampoco su arma reglamentaria.

“Fue algo organizado, premeditado y participaron varias personas. No tengo dudas. Y que su cuerpo aparezca en el río, en jurisdicción de la Prefectura no es casualidad, sino un mensaje mafioso”, dijo Gersbach a Página/12. Hoy, el titular y el asesor jurídico de la Comunidad Homosexual Argentina, César Cigliutti y Pedro Paradiso Sottile, lo acompañarán al Ministerio de Seguridad de la Nación a reclamar su pensión por haber mantenido una convivencia de doce años con este prefecto. Mañana a las 21 se hará un homenaje en Casa Brandon, en Drago y Lavalleja.

Gutiérrez adelantó que esta semana presentará una denuncia en la unidad para los derechos LGTTBI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando ayuda para esclarecer “un posible crimen de odio”.

Artículo original en Página 12

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